Los depósitos de las familias cerraron en octubre con una caída del 0,5%, hasta situarse en los 987.000 millones de euros, según los últimos datos publicados este lunes por el Banco de España.

Los bancos españoles tendrán que asumir entorno a 1.000 millones de euros de forma conjunta en provisiones por adherirse al Código de Buenas Prácticas negociado con el Gobierno para ayudar a las familias que tengan problemas para afrontar el pago de sus hipotecas por la subida del euríbor, según informan fuentes financieras a elEconomista.es. Los alivios para los hipotecados actúan en varias líneas y dependiendo de la operación que se lleve a cabo supondrá un mayor o menor coste en dotaciones para la entidad pertinente.

El consejo de administración de Unicaja aprobó este viernes su adhesión al Código de Buenas Prácticas de medidas de apoyo para los hipotecados y ya es la tercera entidad que se une, tras CaixaBank y el Sabadell.

Los bancos españoles trabajan de forma conjunta en desarrollar Tiquex, un nuevo servicio que se ofrecerá a los comercios y que permitirá que, una vez el cliente pague sus compras con tarjeta, el recibo o cualquier documento asociado al producto como la garantía, se genere de forma automática en la aplicación bancaria del usuario.

El incremento del euríbor provocó a mediados de año un cambio en la estrategia hipotecaria de la banca, que comenzó a encarecer los préstamos inmobiliarios a tipo fijo para hacer más atractivos los de tipo variable, con el objetivo de rentabilizarlos ante el alza de tipos. Sin embargo, pese al cambio de tendencia y la rebaja de los diferenciales sobre euríbor, cuatro bancos ya comercializan las hipotecas variables más caras que las fijas si se observa la TAE (Tasa Anual Equivalente) que incluye el pago final que hace el cliente de intereses, comisiones y otros gastos como productos vinculados.

La banca ha pasado en pocas horas de mostrar una posición de incertidumbre ante el nuevo paquete de ayudas para hipotecados aprobado por el Gobierno a un convencimiento de que su adhesión será masiva. El catalizador ha sido la "tranquilidad" y "confort" de comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se han reflejado las medidas que llevaban semanas negociando, sin grandes sorpresas negativas y, sobre todo, que la calibración ha sido lo suficientemente fina como para no tener que contabilizar como morosas las nuevas operaciones y limitar así el impacto en provisiones, indican fuentes del sector.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha señalado en la mañana de este miércoles que a pesar de que el alza de tipos eleve la rentabilidad de la banca, esto será temporal ya que la situación económica afectará a la solvencia de los clientes y las entidades tendrán que realizar más provisiones. De Guindos, que ha abierto con su discurso la segunda jornada del XXIX Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, volvió a insistir en que no hay que "dejarse cegar" por la subida de los tipos, ya que su efecto en la banca es "a corto plazo" y tiene un "cierto componente de ilusión".

El Gobierno ha anunciado una batería de medidas para aliviar la carga hipotecaria tras la subida del euríbor (y sin contar con el sí de la banca) que afectará al 20% de las familias, a pesar de que el Ejecutivo insiste que estas ayudas serán tanto para hogares vulnerables como para los de clase media. La razón es que el Ministerio de Asuntos Económicos, que ha liderado las negociaciones con el sector financiero para sacar adelante estas medidas, ha limitado a la clase media en aquellas familias que cobran por debajo de 3,5 veces el Iprem, o lo que es lo mismo, 29.400 euros al año, dejando fuera de estos alivios a hogares con rentas superiores.

El Consejo de Ministros aprobó este martes y remitió a las Cortes el proyecto de Ley de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que pretende aunar todas las reclamaciones de los usuarios a la banca y agilizar los tiempos de respuesta. El Ejecutivo aseguró que esta nueva figura estará financiada directamente por las propias entidades, a las que les costará entorno a 25 millones de euros al año. Concretamente, el Gobierno calcula que se recibirán al año una media de 100.000 reclamaciones de los clientes, por lo que los bancos pagarán 250 euros por reclamación admitida, dinero con el que se financiará la Autoridad.

El Gobierno y la banca han diseñado un catálogo de medidas de alivio financiero para los hogares que encaren dificultades con la hipoteca a raíz de la escalada del euríbor que incluye facilidades generales, y que finalmente se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. En el pack se incorporan soluciones para favorecer la amortización anticipada y el cambio de préstamos de tipo variable a fijo, surtiendo así un apoyo a una mayor amplitud de hogares endeudados al tiempo que se alientan además la competencia entre entidades financieras. Se espera que las medidas beneficien a un millón de hipotecados, según ha informado Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo.